El uso político de la "ley"

Indigna el funcionamiento del sistema penal en México, falto de independencia frente al poder ejecutivo y engranado en la lógica de la represión; en suma, con rasgos no muy distintos a los que tuvo durante el 68 y en general durante los años del priísmo histórico (detenciones arbitrarias, tortura sistemática, transgresión a los derechos humanos, violaciones al debido proceso, fabricación de pruebas, ausencia de investigación y un largo etcétera). El asombro moral se vuelve mayor cuando uno se percata que 11 de los detenidos durante las manifestaciones del 20 de noviembre fueron acusados de cargos más graves que el ex-alcalde José Luis Abarca, uno de los responsables de los asesinatos y desapariciones en Iguala, acontecimiento que fue el detonador de dichas protestas. Paradojas de un país construido bajo el amparo de la impunidad: María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca y considerada por la propia PGR "autora intelectual" de los crímenes de Iguala y "principal operadora" del grupo armado Guerreros Unidos, sigue en calidad de arraigada, mientras los jóvenes detenidos ya fueron consignados y enviados a penales federales. El uso político de la "ley" es aberrante.